Hace unos días se ha aprobado la octava ley de educación de la democracia, la llamada ley Celaa. Como no podía ser de otra manera y con gran aspaviento, las fuerzas conservadoras junto a liberales y fascistas se han apresurado a decir que el fin del mundo está ya más cerca. Básicamente se quejan de tres cosas que, según ellos, no se pueden consentir. A saber:
- Menos dinero para la concertada.
- Desaparición de la educación especial.
- Eliminación del castellano como lengua vehicular.
No se quejan de otros temas que también podrían resultar conflictivos como:
- Conocimiento de la historia de la democracia.
- Educación afectivo-sexual.
- Incremento de plazas en educación infantil.
Al grito de "libertad, libertad" se produjeron ayer manifestaciones motorizadas en varias ciudades. Resulta curioso que sea el mismo que usaban los "cayetanos" que se oponían al confinamiento y poco chocante que personajes como Bertín Osborne se haya manifestado en contra de ley, igual que los portavoces de Ciudadanos, PP o los voceros.
Lo que realmente está en cuestión es la defensa de los privilegios con los que ha contado parte de la educación privada hasta ahora, que eso es lo que es la concertada. La finalidad de los conciertos educativos era ofrecer un centro de escolarización cuando la demanda superase la oferta pública de plazas pero, como todo lo que toca la derecha, ha quedado convertido en un negocio y no contentos con ello, lo quieren mantener con subvención publica.
Nadie niega la libertad de los padres de elegir centro educativo pero si se quiere matricular a los vástagos en una educación elitista, religiosa o segregada, que se la paguen ellos. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a los centros públicos y sólo en casos excepcionales suscribirse conciertos puntuales si la oferta pública fuera insuficiente.
En cuanto a la educación especial, digan lo que digan los contrarios a la ley, tampoco se pretende la desaparición de los centros dedicados exclusivamente a discapacitados. Ninguna ley puede pretenderlo simplemente porque es imposible que un centro estandar pueda ofrecer los cuidados y atenciones que precisan muchos de estos alumnos por mucha dotación que se quiera hacer. Se trata, simplemente, de integrar a quienes se pueda integrar. Evidentemente una parte del pastel de la educación está en juego y eso tampoco les gusta.
El tercer punto que más discordia genera es la eliminación del párrafo donde se indica que el castellano es la lengua vehicular. ¿Qué quiere decir realmente esto y por qué se quejan? Pues no quiere decir nada porque de facto no hay cambios, es algo testimonial pero claro, como de nacionalismos estamos hablando, unos lo consideran una victoria y otros una cesión. Los partidos de derechas ya han dicho que en las CCAA donde gobiernan pondrán todas las trabas posibles para que esta ley no llegue a aplicarse y teniendo en cuenta que este tipo de leyes tardan en ponerse en marcha, quizá no llegue a estarlo de forma completa nunca.
Aquí os dejo un vídeo del consejero de educación de La Rioja donde desmonta las falacias de la derecha.
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